El cristal con que se mira


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Es curioso cómo la cuestión de los obervatorios de medios, concretamente el que existe (sin funcionamiento real hasta el momento) en el ámbito del INADI se ha convertido en un tema de discusión en Argentina, discusión que se viene dando en el marco del conflicto político-económico entre el gobierno de Cristina Kirchner y el sector agropecuario.

La piedra de toque la dio la Facutad de Ciencias Sociales de la UBA emitiendo un documento en el que cuestiona la cobertura mediática del conflicto iniciado el 11 de marzo, caracterizándola de discriminatoria, y pidiendo la intervención del Observatorio del INADI. Ni lerda ni perezosa, CK invitó a la Facultad (y al resto de facultades de sociales) a integrar el Observatorio y aprovechó para lanzar una diatriba contra los medios, que, según dijo, “nos deben la calidad institucional y democrática que han reclamado desde siempre” (La Nación, 5/4/2008).

La dificultad reside en sostener una posición de defensa del derecho a la comunicación y a la pluralidad informativa, valores que por cierto no son asegurados por las agendas mediáticas (una mínima revisión de la bibliografía sobre el tema lo muestra acabadamente) sin caer en las garras de una política gubernamental que, ciertamente, tampoco tiene estos derechos como valores.

En los últimos años la idea de los observatorios de medios surgió como una instancia propicia para politizar el espacio mediático desde la sociedad civil. Si las empresas mediáticas han impuesto la idea de que la libertad de prensa es equivalente a la ausencia de control, ya sea en principio aludiendo a la transparencia del tratamiento informativo (para lo cual se habían desarrollado una serie de tecnologías que aseguraban lo que G. Tuchman llamó de manera perspicaz la “trama de la facticidad”), ya sea -cuando la opacidad se volvió evidente- hechando mano a una supuesta amplitud de perspectivas y líneas editoriales, algunas organizaciones de la sociedad civil fueron llegando a una conclusión diferente: lejos de ser meros “medios”, los medios son también actores. Los resultados de la investigación académica se volvieron certezas, especialmente para el movimiento de alterglobalización posterior a las protestas en contra de la OMC en Seattle y Génova.

Así planteado el panorama, los observatorios de medios debían servir para la vigilancia democrática y ciudadana de la actividad de los medios y de su cobertura, actividad que se supone protegida por los gobiernos. O sea que se trata de observar tanto a los medios como a los gobiernos.

En nuestro caso, el Consejo Directivo de Sociales de la UBA emitió una resolución en la que -entre otras cosas- afirma que “el público de los medios ha recibido muestras inadmisibles de trato discriminatorio de los actores sociales según su capacidad económica o su pertenencia de clase ante formas similares de reclamo de derechos” y reclama por ello la intervención del COMFER y del Inadi.

El aluvión de críticas que recibió por parte de las empresas de medios encontró forma institucional en una declaración de ADEPA en la que dice del Observatorio del Inadi que “se trata de un instrumento que, bajo el eufemístico objetivo de la diversidad, apunta a controlar la tarea informativa desde diversos organismos del Estado, algunos de ellos con poder punitivo como el COMFER” (La NAción, 12/4/2008) mientras que las autoridades de Sociales de la UBA se defendieron diciendo que “en nombre de la libertad de prensa de las empresas privadas, se cuestiona la libertad de opinión de una institución pública”.

Tratemos de pasar en limpio toda esta cuestión. Tiene razón la UBA en la validez de mecanismos de vigilancia de la actividad mediática, y en la parcialidad de las coberturas que se realizan. Ningún académico serio defendería a rajatabla algo como la imparcialidad de los medios. No tiene razón ADEPA cuando trata de defenderse, porque lo único que intenta hacer es evitar cualquier tipo de control cívico.

Pero el problema es el rol del Gobierno Nacional, y específicamente del kirchnerismo. Quienes vivimos en el sur tenemos una larga experiencia de connivencia de los poderes provinciales/nacional con los medios regionales, convertidos (por dependencia económica, o por conveniencia) en no mucho más que reproductores de gacetillas gubernamentales. Tiene razón la presidenta cuando dice que los medios no son los indicados para hablar de calidad institucional, pero la cuestión es que puesto en boca del gobierno es una crítica que -simplemente- no resulta creíble. El rol de patetismo al que ha quedado reducido Página/12 es una muestra de que el deseo de control mediático del kirchnerismo no es un vicio pueblerino (que deja paso a modales más civilizados con su traslado a la gran ciudad), sino que sólo encuentra como límite el principio de realidad.

Desde un punto de vista académico, los pronunciamientos de la UBA son inobjetables. Lo que hace ruido es su instrumentación política, y aquí -nuevamente- parece que las cosas se ven diferentes desde una visión central, o desde una perspectiva federal. Demasiado diferentes.

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1 comment so far

  1. Sebastián Sayago on

    El caso es interesante porque plantea lo que podría denominarse como un solapamiento entre el campo académico-científico y el campo político. Un grupo de investigadores elabora una serie de documentos que expresa una preocupación teórica e ideológica acerca de una peligrosa manipulación en el tratamiento de las noticias y esa serie de documentos es inmediatamente inscripta en un juego discursivo cuyo origen es anterior a la aparición de la serie y cuyo desarrollo depende de fuerzas que no son académicas y que tienen mayor “peso social” que la academia (asumamos que, tanto en el conflicto entre el gobierno y el campo como en el conflicto entre el gobierno y las empresas de medios, la academia ocupa un lugar secundario). Entonces, el discurso producido es utilizado políticamente por el sector que tiene la posición dominante en el juego, en este caso el gobierno.
    Podemos inferir varias conclusiones:
    1) Para la sociedad civil es más importante el discurso político que el discurso académico, por lo que la iniciativa discursiva y las posibilidades de resignificación son definidas dentro del campo político y no dentro del científico. Los científicos, entonces, al pronunciarse, entran en un campo regulado por reglas que pueden desconocer.
    2) Supongamos que los científicos no desconocen los riesgos del juego político (de hecho, en este caso se trata de científicos especializados en comunicación). Es posible, entonces, que hayan previsto que su pronunciación pudiera ser utilizada para reforzar la postura política del gobierno. Esto supondría una toma de postura.
    3) En el enfrentamiento entre el gobierno y las empresas mediáticas, la academia ha tomado postura (voluntaria o involuntariamente) a favor del gobierno. De otro modo, podría haber mencionado que, así como es peligroso que los medios victimicen a los opulentos sectores agropecuarios también es peligroso que el gobierno insista en la manipulación de los índices de aumento de vida, de pobreza y de mortalidad infantil. ¿O acaso cuando el Estado oculta esta información no está violando nuestro derecho a conocer la verdad o, al menos, “una” verdad importante?


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