Ante la política de comunicación delineada por los DNUs 13/15 y 267/15 de Mauricio Macri


Los abajo firmantes, que desde diversos ángulos, enfoques y preocupaciones estamos dedicados al estudio de las relaciones entre los medios, las tecnologías de la comunicación y la política democrática, manifestamos nuestra preocupación ante la política de comunicación delineada por los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNUs) 13/15 y 267/15 del presidente Mauricio Macri.

Las razones de dicha preocupación residen tanto en el procedimiento como en los contenidos de dichas medidas. Sigue una enumeración sintética de las principales:

  • La política de medios/comunicación tiene enormes y multifacéticas implicancias para la democracia y la libertad de expresión, en consecuencia su elaboración debe ser fruto de discusiones y consensos amplios que involucren una multiplicidad de actores políticos y sociales. No puede dirimirse a puertas cerradas entre funcionarios del Poder Ejecutivo y los principales actores empresariales. De hecho, tanto la vía del decreto como su contenido contravienen pactos internacionales –vigentes en la Argentina, así como leyes específicas- relativos a la protección de la libertad de expresión y a la regulación de medios.
  • Las razones esgrimidas públicamente y en los considerandos de los decretos no justifican el carácter de necesidad y urgencia de las medidas. En todo caso, se trata de razones que debieran habilitar un debate legislativo amplio en el que todos los intereses involucrados puedan expresarse públicamente.
  • La utilización de los decretos es incongruente con la pretensión de construir políticas de estado, de raíces duraderas y capaces de regular una comunicación pública democrática y de superar viejos vicios en las relaciones históricas entre nuestro sistema de medios y nuestro sistema político.
  • Las críticas, por cierto válidas, a la implementación selectiva, parcial o partisana de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte de la anterior administración no se subsanan eliminando o alterando por decreto los artículos centrales de la misma, sino, en todo caso, velando, en lo que compete al gobierno, por su implementación imparcial y transparente. Si, en cambio, lo que se desea es modificar dicha ley, volvemos entonces a señalar la importancia de que esto sea el resultado del debate legislativo, del amplio conocimiento público y de la participación social.
  • Los decretos crean una nueva autoridad de aplicación en la que el Poder Ejecutivo tendrá mayoría absoluta y podrá remover “sin expresión de causa” a todos los miembros (incluso a los nombrados por las minorías). Dicha creación no augura entonces un proceso de apertura a los diferentes intereses políticos y sociales en el control, la aplicación y el diseño de la política de comunicación.
  • Argentina avanzó recientemente en una construcción institucional de las políticas audiovisuales que no sólo involucró al Poder Ejecutivo, sino que fue fruto de un debate público, legislativo y de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Los tres poderes del Estado coincidieron, en consonancia con las regulaciones de las democracias estables, que la libertad de expresión y el pluralismo precisan restricciones a la concentración de la propiedad de medios. Como todo, puede discutirse cuáles son los mecanismos idóneos para establecerlas, pero parece problemático cancelar dicho debate (sobre la premisa empíricamente infundada de la inexistencia de la concentración en nuestro país), eliminar sin argumento varios de los principales límites a la concentración fruto de la ley aprobada por el Congreso, y decretar un marco opuesto como un hecho consumado.
  • El relajamiento de los límites a la propiedad generará consecuencias importantes sobre un sector fuertemente propenso a las economías de escala, beneficiará a los mayores grupos y, con toda probabilidad, consolidará la dominación del sector por parte de muy pocos conglomerados, lo que no constituye solo un problema que afecta la competencia económica, sino que atañe a la libertad de expresión y a la calidad de nuestra democracia.

Martín Becerra, UNQ – UBA – Conicet
Philip Kitzberger, UTDT – Conicet
Santiago Marino, UNQ – UBA – USAL
Guillermo Mastrini, UNQ – UBA
Eugenia Mitchelstein, UDESA
Soledad Segura, UNC – Conicet
Martín Sivak, UNSAM – NYU-BUENOS AIRES
Gabriel Vommaro, UNGS – Conicet
Silvio Waisbord, George Washington University

Luis A. Albornoz, IIGG-UBA – Conicet
Natalia Aruguete, UNQ – Conicet
Manuel Balan, McGill University
Micaela Baldoni UBA – UNGS – EHESS
Ana Bizberge, UBA
Marcelo Brunet, UNJu – UCSE
Ornela Carboni, UNQ – Conicet
Juan Pablo Cremonte, UNGS
Carlos da Rosa, UN Misiones
Florencia Enghel, Universidad de Estocolmo
Agustín Espada, UNQ – Conicet
Gustavo Fontanals, UBA
Maria Trinidad García Leiva, Universidad Carlos III de Madrid
Ariel Goldstein, UBA – Conicet
Pedro Arturo Gómez, UNT – UCSE
Nadia Koziner, UNQ – Conicet
Alejandro Linares, UN La Pampa – UBA
Ernesto Picco, UNSE
Natalia Raimondo Anselmino, UNR – Conicet
Lucrecia Reta, UN Comahue
Lorena Retegui, UNQ
Luis Ricardo Sandoval, UNPSJB
Laura Rosenberg UNGS – UBA – CONICET
Ivan Schuliaquer, UNGS – Conicet – Sorbonne Nouvelle
Lucía Vincent, UNSAM
Esteban Zunino, UNQ – UMAZA – Conicet

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